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RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN

Para que pueda generarse responsabilidad a la administración tienen que concurrir los requisitos regulados en el art. 139 de la Ley 30/1992: la efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado;  que el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, ausencia de fuerza mayor y que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño.

En materia de tráfico, la casuística se reduce a tres supuestos básicos,

a) vía en mal estado:

    – señalización

    – obstáculos en la calzada (vallas, neumáticos, manchas de gasoil o de aceite, charcos de agua, piedras, gravilla, arena, placas de hielo, árboles etc.)

     – socavones, baches, adoquines, bolardos,

     – alumbrado,

     - vías en obras o sin asfaltar,

     – rotondas, medianeras 

b) Colisión con biondas.

c) Irrupción de animales en la calzada.

 

Para que prosperen las pretensiones de la víctima frente a la administración es imprescindible probar la falta de diligencia en elementos tales como la conservación o mantenimiento de la vía o la deficiente colocación de señales. También pueden darse los supuesto de culpa exclusiva de la víctima cuando a pesar de imputarle responsabilidad a la administración el conductor circulaba sin hacer uso del cinturón de seguridad o con exceso de velocidad  que propiciaron un incremento del daño.